En nuestro mundo civilizado, que tiene como columna vertebral los derechos humanos universales e individuales, han nacido múltiples controversias y concesiones relacionadas con los derechos colectivos. Esta es una controversia más. Estos Pueblos Indígenas, que han sido expoliados, desterrados e incluso eliminados de la faz de la tierra, tienen ciertas demandas, que se han consolidado en forma de derechos en documentos tan importantes como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2007. Un debate muy interesante se sitúa en aspectos en que necesariamente colisionan nuestros sistemas jurídicos y leyes de la propiedad con las peticiones ancestrales de estos pueblos. Por ejemplo, es de recibo señalar que el derecho a reclamar sus territorios choca con el derecho de sus propietarios actuales a conservarlo; y que el derecho a gobernar sus sistemas judiciales choca con el derecho de los ciudadanos de un país a recibir el mismo trato ante la ley. En esta línea señaló Australia cuando votó en contra de la declaración "debe haber solamente una ley para todos los australianos y no debemos mantener como reliquia prácticas legales que no son aceptables en el mundo moderno."
Pero inmediatamente después, derivada de esta conclusión intuitiva, surge el problema clásico entre etnocentrismo y universalismo. Es decir, son nuestros valores universalmente válidos del modo en que vaticinaba Kant o por el contrario cada acervo cultural y social es digna de generar un sistema normativo totalmente dispar.
Difícil solución que contente a todo el mundo en una diatriba argumentativa en la que todos tienen alguna fuga. Y sobre todo, difícil proteger sin desproteger, legislar sin romper leyes, y conceder sin usurpar.
Lo que se percibe de manera diáfana es que la injusticia cometida con estos pueblos, la irrupción histórica en su convivencia y el daño innegable que se le ha hecho desde el exterior no puede ser fácilmente reparado. Empecemos, tal vez, por dotar de mecanismos de inclusividad y participación a estas entidades colectivas en nuestras sociedades; reconozcamos que son iguales y luchemos por reparar el daño cometido a esos individuos.
Quizás entonces, cuando hayamos acabado con nuestra miseria moral, veamos un camino fructífero para construir el arduo edificio de derechos colectivos que la Declaración de las Naciones Unidas vaticina.
Lo que se percibe de manera diáfana es que la injusticia cometida con estos pueblos, la irrupción histórica en su convivencia y el daño innegable que se le ha hecho desde el exterior no puede ser fácilmente reparado. Empecemos, tal vez, por dotar de mecanismos de inclusividad y participación a estas entidades colectivas en nuestras sociedades; reconozcamos que son iguales y luchemos por reparar el daño cometido a esos individuos.
Quizás entonces, cuando hayamos acabado con nuestra miseria moral, veamos un camino fructífero para construir el arduo edificio de derechos colectivos que la Declaración de las Naciones Unidas vaticina.
